La UNC, en sintonía con el calendario electoral
Las dos primeras decisiones del año del gobierno de la UNC son de corte populista: derogación de la contribución estudiantil y extensión de la licencia por maternidad.
En las dos primeras sesiones, el máximo organismo de gobierno de la UNC, el Consejo Superior, tomó dos decisiones que poco o nada tienen que ver con la actividad académica, pero que pueden tener alguna significación política si fueran consistentes las versiones que la colocan a la rectora, Carolina Scotto, en un nivel de alta expectabilidad para las próximas elecciones.
En la primera decisión, el Consejo Superior resolvió derogar la contribución estudiantil para reemplazarla con un sistema similar. Así, calmó al ala izquierda estudiantil (La Bisagra) y morigeró los costos que la medida podría haber tenido con la otra agrupación de estudiantes amiga, la Franja Morada, impulsora en 1990 de la contribución.
La contribución estudiantil era económicamente insignificante para los estudiantes (no más de $ 10 por mes), pero hacía un volumen total de ingreso para las Facultades que la aplicaban (había tres en rebeldía que nunca lo hicieron), que terminaba haciendo medible el aporte.
El proyecto votado por amplia mayoría en el Superior, prevé reemplazar el fondo que se formaba con el aporte estudiantil, a través de una dedicación del presupuesto de la UNC del orden de los $ 10 millones (el 1% por ciento de un total de gastos anuales de $ 1.000 millones, en cifras redondas).
La otra medida, la adoptada el martes pasado, es la extensión de la licencia por maternidad a 180 días para docentes, no docentes y alumnos de la casa de estudios (un universo de alrededor de 120 mil personas).
Como la norma sancionada prevé asistir con fondos a cada unidad académica para costear las licencias por maternidad con reemplazos o extensión de jornadas de trabajo, se estima que -beneficios para padres incluidos- el programa le costará a la UNC un poco más del millón de pesos.
Un conteo muy rápido indica que anualmente hay 140 mujeres embarazadas. El cálculo oficial es sobre un sueldo testigo de $ 1.126 del profesor asistente de dedicación simple. La multiplicación de estas dos cifras, más el beneficio que también tendrán los padres, hacen la estimación señalada.
En la singularísima cultura de valoración que existe en las universidades públicas y, en un marco más amplio, en el sector público, medidas de este tipo están repletas de equidad social. Pero esto, que podrá ser cierto para quienes hablan según le fue en la feria, es esencialmente falso.
Es que ocho de cada diez mujeres que trabajan,. lo hacen en el sector privado, y es la economía real la que genera recursos para el Estado. Es decir, para contraponer mujeres a mujeres y no caer en la odiosa discriminación de género, ocho de cada diez embarazadas de la actividad privada, que no gozarán del beneficio de la extensión de la licencia por maternidad, financiarán el beneficio a dos mujeres empleadas del Estado.
El título de “equidad”, por lo que puede verse, no le conviene en absoluto a esta medida (tampoco a la inicial de la Provincia y la Municipalidad, por supuesto). Podría entenderse con mejor sustento en los números, que esta reparación para el 20% es contra la mutilación del 80% restante.
Veamos el resultado de ser bien antipáticos pero veraces con dos ejemplos, y teniendo siempre en cuenta que el sector privado es el que financia al Estado:
Primer caso: si María tiene 6 años de antigüedad, es estudiante universitaria, se casa, queda embrazada y, además, es empleada pública, le corresponderán:
- Vacaciones 25 días
- Licencia por estudio 24 días
- Matrimonio 10 días
- Por razones particulares 6 días
- Lic. por maternidad 180 días
- Total 247 días
Segundo caso: Si María tiene 6 años de antigüedad, se casa, queda embrazada y es empleada de comercio, le corresponderán
- Vacaciones 21
- Licencia por estudio 20
- Matrimonio 12
- Licencia por maternidad 90
- Total 143 días
Fuente: Suplemento Universitario de La Mañana de Córdoba 17/03/2011
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